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La regulación del crowdlending en España

La regulación del crowdlending y el crowdfunding en España

El pasado viernes 28 de febrero se presentó un Anteproyecto de Ley que pretende regular las Plataformas Electrónicas de Financiación Participativa. Las plataformas que se ven afectadas de manera más significativa por esta regulación son las de crowdfunding equity y las de crowdlending, entre las que se encuentra Arboribus. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el Sr. De Guindos comentó que se había redactado el anteproyecto de Ley teniendo en cuenta leyes de otros países del entorno. 

Desde Arboribus seguimos esta normalización internacional del sector, y por tanto podemos pasar a exponer los principales aspectos sobre la legislación que se pretende formalizar desde Francia y Reino Unido, dos de los países que están más avanzados en el proceso.

El caso de Francia

 El proceso de regulación del sector empezado en Francia, se está desarrollando con la participación de expertos y representantes del crowdfunding y crowdlending del país, y podemos extraer las siguientes conclusiones:

  • Las plataformas que operen en el país deberán estar debidamente autorizadas mediante una etiqueta de calidad que emitirá el Gobierno. Dicha medida tiene el objetivo de aumentar la transparencia y protección del cliente.
  • Para las plataformas de Crowdlending se especifica que:
    • Se creará un estatuto especial para estas plataformas, lo que se denomina IFP, el cual no requiere un capital mínimo.
    • Se establecerá un límite de 1 M€ por proyecto de financiación.
    • Se establecerá un límite de 1.000€ por inversor en cada uno de los proyectos, con el propósito de que se diversifique el riesgo.
    • Se introducirán normas de transparencia referentes a los impuestos y los costes.
    • Las plataformas deberán proporcionar información sobre el riesgo de cada inversión y proporcionar a los inversores una guia para ayudarles a tomar mejores decisiones.

Además, se ha acordado que todos los actores implicados (reguladores, asociaciones de consumidores y plataformas de crowdfunding y crowdlending) se reunirán cada seis meses para evaluar el avance del sector y revisar los límites impuestos en las cantidades.

El Caso del Reino Unido

En cuanto a la regulación del sector en el Reino Unido por parte de el Financial Conduct Authority (FCA), podemos exponer los siguientes puntos que entrarán en vigor el próximo 1 de abril referidos al crowdlending:

  • La información sobre la plataforma debe ser fácil de encontrar y clara, para que los clientes sepan con quien están tratando.
  • Las plataformas no deben restar importancia a los riesgos de las inversiones.
  • Las plataformas deben tener un plan de resolución en caso de cierre de la plataforma, para que los reembolsos de préstamos se sigan realizando con garantías.
  • Toda comparación entre las tasas de interés de plataformas de crowdlending con las tasas de los depósitos o cuentas de ahorro, debe ser imparcial, clara y no engañosa.
  • Las promociones (tales como impresión, difusión o publicidad online) deben ser imparciales, claras y no engañosas.
  • Capital prudencial mínimo requerido: las plataformas deberán tener un capital mínimo de 50.000 libras o un porcentaje de los fondos prestados (el que sea mayor de los dos). Esta medida entrará en vigor el abril de 2017, hasta el momento el capital mínimo requerido será de 20.000 libras, para permitir así que las plataformas se aclimaten a la nueva regulación.

Puesto que la inversión a través de plataformas de crowdlending supone, en principio, un riesgo menor que las realizadas a través de plataformas de equity crowdfunding, las restricciones aplicadas incialmente también serán, por lo menos inicialmente, menores.

El año pasado el Gobierno del Reino Unido empezó a utilizar las plataformas de crowdlending para canalizar fondos públicos hacia las empresas que necesitan financiarse, fomentando así el crecimiento de las plataformas que operan en el país. De hecho, uno de los objetivos principales de la regulación es promover estas alternativas de financiación y asegurar que los requisitos no son demasiado restrictivos para que aseguren la aparición de competidores.

El caso Español

Desde Arboribus vemos muy positivo que se refuerce al sector y se lo dote de la seguridad jurídica necesaria y proteja aún más al inversor. Sin embargo, así como hay aspectos claramente positivos como el establecimiento de normas de conducta para asegurar una información adecuada a los inversores o evitar conflictos de interés, hay aspectos mucho más controvertidos. Por ejemplo, la limitación de las inversiones máximas por inversor en 6.000 euros parece arbitraria y puede suponer una gran barrera para la consolidación de este modelo o incluso su supervivencia.

Por otro lado, echamos de menos una mención explícita al potencial que supone este nuevo modelo de financiación, más si cabe en un país extremadamente bancarizado como España, y una apuesta clara por potenciarlo (p.ej. Con incentivos fiscales o apoyando la difusión de sus ventajas y limitaciones).

Esperamos que, tal y como ha sucedido en Francia y el Reino Unido, se abra un proceso de diálogo y se tengan en cuenta las opiniones de todos los agentes implicados en el sector. De esta forma seguro que el sector contará con una legislación mejor y más estable, las empresas con acceso a una alternativa de financiación y los inversores con la posibilidad de seguir obteniendo una buena rentabilidad mientras financian la economía productiva.

4 de Marzo de 2014. Escrito por Arboribus.

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